20.6.15

La guerra y la educación

En este texto el profesor Julio González plantea el siguiente interrogante: ¿Tendremos un aparato educativo preparado para ayudar a producir  una cultura de la paz, o preferimos jugarle a la innovación, la competitividad, la internacionalización y a estimular a los más “pilos”, y sólo reconocer a la gente por sus títulos y diplomas?
 
La pedagogía hacia la paz en el llamado postconflicto no da espera en todas las aulas de Colombia./udea.edu.co
Es indudable que un éxito en las conversaciones que actualmente adelanta el gobierno nacional con las FARC en La Habana, traerá muchos beneficios al país. Terminar el conflicto armado que el estado colombiano ha mantenido con las FARC y eventualmente, con el ELN, significaría entonces que los demás conflictos del país (económicos, sociales, políticos, y los que se generan en el sistema educativo y de salud, para mencionar sino unos pocos) no van a desaparecer y que probablemente se multiplicarán, pero sí implicaría que deberán resolverse mediante mecanismos políticos y no apelando a las armas de la subversión ni a la represión física por parte del Estado.
Por eso sería deseable que la palabra postconflicto se empleara con más prudencia y precisión. Un acuerdo sobre el conflicto armado no equivale a decir que tendremos una sociedad sin conflictos, porque sería sencillamente imposible, sino que ya no será la fuerza de las armas la que pretenda resolverlos.

Es iluso pensar que inmediatamente se firmen los acuerdos, -si como es deseable, esto llegare a ocurrir-, vamos a tener una sociedad en paz.

Ese sería un paso, el primero indudablemente y de una trascendencia capital para iniciar el camino hacia la paz, pero para consolidar la paz será necesario esperar muchos años y hacer muchas reformas, de las que poco se habla. En el lenguaje de la justicia transicional, estas serían las garantías de no repetición que implican, sobre todo, hacer las reformas a las instituciones y a las prácticas que dieron origen al conflicto, realizar las transformaciones sociales y económicas que nunca se han hecho y que han facilitado la emergencia del  conflicto y su larga pervivencia.
En Colombia varias generaciones han nacido, crecido y muerto en la guerra, es apenas explicable que ésta haya producido unas marcas que se incorporan a su ethos o por lo menos a prácticas culturales, políticas y sociales muy amplias. Y transformar esas prácticas requiere trabajar pacientemente durante muchos años y es una labor que hay que empezarla cuanto antes, y con los más jóvenes. La educación tiene un papel preponderante en el proceso de transformación de las estructuras sociales y culturales que ayudaron a crear y reproducir la violencia.
La pregunta que habría que hacer es hasta dónde el sistema educativo colombiano está diseñado y capacitado para cumplir esta tarea. Y creo que sobre este punto no se puede ser muy optimista.
Si bien es cierto que ahora se habla de “Colombia como la más educada” como un eco de “Antioquia la más educada”, en Antioquia por lo menos el énfasis se ha puesto más en las instalaciones físicas y en los concursos para determinar quiénes son los mejores estudiantes, que en el contenido de la educación y en las necesidades y aspiraciones de los docentes y los estudiantes. Me temo que en el país, también se crea entonces que la mejora de la educación se reduce a construir gigantescos edificios educativos y a facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías a los estudiantes, pero esto es un aspecto del problema y no creo que sea el más importante.
A imagen y semejanza de tantas cosas en el mundo contemporáneo la educación superior se concibe como una empresa, donde imperan la competitividad, la medida de los logros y la comparación con los países más desarrollados; mientras tanto, los problemas del país ocupan un lugar muy secundario en las preocupaciones de las comunidades académicas, más interesadas en el reconocimiento internacional o en la publicación de sus trabajos en revistas del primer mundo, que en ver qué le pasa a nuestro país. No creo que una educación superior que tome como paradigma la empresa y hable en términos de oferta y de demanda, pueda ser un buen modelo para conseguir la paz.

Decía el gran sociólogo norteamericano Robert K. Merton que gran parte de la delincuencia se producía debido a lo que él llamaba respuesta innovadora. Ésta consistía en que ante la dificultad para muchos individuos para acomodarse a unos fines culturales que se proclamaban como universales frente a unos medios sociales para acceder a ellos, distribuidos  de una manera muy desigual, muchos individuos optaban por escoger caminos vedados, hacer trampa o como decimos popularmente, escoger el “atajo”. En otras palabras, se vale cualquier medio para llegar a la meta. Una educación que privilegia los logros, que simplemente mide y cuantifica, genera grandes peligros de respuestas innovadoras, porque es una educación que le hace ver al estudiante en su compañero un rival, con el cual hay que competir por el primer lugar, por la beca, por el puesto o por reconocimiento. La meritocracia no es un valor absoluto: también engendra grandes riesgos de exclusión y segregación. No solo los más “pilos” tienen derecho a estudiar.

Decía Merton que si se quería reducir las respuestas innovadoras, habría que estimular valores como la solidaridad, el respeto por la cultura como algo valioso en sí mismo y no simplemente como un mecanismo de ascenso social;  volver a mirar el deporte básicamente como una actividad recreativa y no como un espectáculo comercial de miles y miles de millones (de dólares y de personas), entender que las generaciones anteriores también nos habían dejado unos valiosos legados que no podemos reducirlos a cero bajo el complejo de Adán. Si bien es cierto que Merton hablaba de estas reformas como necesarias para reducir la criminalidad, se puede pensar en ellas, como mecanismos para aclimatar la paz.
¿Tendremos un aparato educativo preparado para ayudar a producir  una cultura de la paz, o preferimos jugarle a la innovación, la competitividad, la internacionalización y a estimular a los más “pilos”, y sólo reconocer a la gente por sus títulos y diplomas?