Archivos del terror, derecho a la verdad

En los regímenes represivos los servicios de seguridad, de información, de documentación de un estado, contienen la información esencial para reconstruir hechos e itinerarios que, demuestran violación de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, o cualquier otro tipo de hecho punible en una sociedad democrática

Archivo con documentos de la Stasi. / AP/elpais.com

El estudio y utilización de la documentación producida y administrada por los regímenes totalitarios resulta fundamental en las etapas transicionales, y también en las posteriores, de los emergentes estados democráticos. Los denominados archivos de represión, en ocasiones también llamados archivos del terror, se manifiestan esenciales a la hora de recuperar la memoria, y ejercer los derechos fundamentales de muchas víctimas que padecieron violación de derechos humanos. Entendemos el derecho a la verdad como un bien necesario y un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Son archivos que fueron creados para la información de los propios estados dictatoriales resultando fundamentales para el ejercicio de la represión. Originados por los organismos encargados de la seguridad del estado, dan como resultado una serie de archivos judiciales, militares, político sociales, etc. que son puestos a disposición de los ciudadanos una vez superadas las dictaduras y que paradójicamente invierten su sentido. Fueron creados para la represión y son utilizados en la reparación a las víctimas. 

En los regímenes represivos los servicios de seguridad, de información, de documentación de un estado, contienen la información esencial para reconstruir hechos e itinerarios que, demuestran violación de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, o cualquier otro tipo de hecho punible en una sociedad democrática. Los propios actores represivos son conscientes de la importancia de estos archivos, por lo que pretenden en numerosas ocasiones, cuando es posible predecir la caída del régimen, hacer desaparecer estas pruebas documentales. La complejidad en la localización física de estos documentos, así como el análisis de su contenido, no siempre fácil, no debe hacer desfallecer los esfuerzos de las nuevas administraciones por recuperarlos. 

El hecho de no encontrarse no quiere decir que no existan, es cierto que en algunos casos se destruyen, como ocurrió con los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana (RDA), la conocida Stasi, cuyos locales fueron ocupados inmediatamente después de la desaparición de la república comunista. Con la caída del muro, había comenzado una destrucción masiva de todo el corpus documental informativo destinado al control y la represión de miles de ciudadanos. Cientos de documentos fueron cortados por máquinas destructoras en tiras de papel hasta que se produjo la ocupación de la sede de la Stasi en Berlín por la ciudadanía, que impidió que se siguiera destruyendo esos archivos. 

En la actualidad Alemania continúa con la reconstrucción documental, gracias a una aplicación informática creada al efecto, contabilizándose hoy en día en unos 130 kilómetros la documentación accesible a los ciudadanos, a la que habría que añadir miles de fotografías, películas, registros sonoros y millones de fichas.

Concentración contra los desaparecidos durante la dictadura de Stroessner en Paraguay. / REUTERS

En Paraguay, en 1991 gracias a la denuncia de Martín Almada, se localizaron en la habitación de una casa los llamados “archivos del terror”. El archivo de la policía que demuestra la represión ejercida sobre el pueblo de Paraguay por la dictadura de Alfredo Stroessner durante los 35 años que duró su régimen y también la conexión entre las dictaduras del Cono Sur en la llamada Operación Cóndor.

Si la importancia de los archivos tradicionales, de ese acervo documental que se reúne, produce y conserva a lo largo del tiempo, resulta fundamental para la garantía de derechos y sirve de fuente para la historia, sin duda la conservación y preservación de este otro tipo de archivo, el de la represión, viene siendo esencial como material que da soporte a las denuncias de violación de los derechos humanos, aportando además el testimonio histórico y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la represión. Sirven para la reparación, la depuración y la investigación.

Desde esos archivos se emiten los certificados necesarios para la tramitación ante las administraciones de diferentes tipos de reparaciones -bien sean económicas, de carácter personal, social, jurídicas, etc.-, documentos necesarios para las víctimas que tramitan las diferentes ayudas o reparaciones recogidas en las múltiples normas reparadoras que se publican en países democráticos, generalmente al concluir los períodos dictatoriales y/o totalitarios, en el momento inmediato posterior al fin de la dictadura o algo más alejado en el tiempo.

Es cierto que cada sociedad, mantiene su propia personalidad y manera a la hora de enfrentarse con el pasado traumático. Dentro de cada país también, los distintos grupos políticos acogen de diferente forma este enfrentamiento. El pasado inmediato, o incluso aquel algo más alejado en el tiempo, que cuente con la existencia de hechos traumáticos, sigue presente en la sociedad si no se repara a las víctimas o a sus descendientes. La utilización de los archivos como fuente documental para la búsqueda de la verdad en un contexto judicial  o extrajudicial servirá para que las estructuras democráticas crezcan amparadas en los Derechos Humanos: la realidad aunque sea dolorosa ha de conocerse, forma parte de la identidad colectiva. El derecho a la verdad, a conocer, es un derecho fundamental en sociedades democráticas, por tanto deben vigilar y garantizar la conservación y el acceso a los mismos.

En prácticamente todos los países que han pasado de regímenes totalitarios o dictatoriales a otros de carácter democrático ha existido un ordenamiento jurídico reparador para las víctimas y represaliados de estos regímenes. 

Un país democrático prestará los recursos necesarios para la recuperación de archivos dispersos y desconocidos, tanto en organismos públicos, como en asociaciones y archivos privados, de personas físicas y jurídicas. De la misma manera que es fundamental la desclasificación de documentos, que sirvan para preservar los derechos fundamentales.

Los archivos de represión son esenciales en los trabajos que desarrollan las comisiones de la verdad, las víctimas de la represión, los familiares de las víctimas y los historiadores. A su vez, los archivos que crean muchas de estas comisiones de verdad, en ocasiones exclusivamente a partir de los testimonios de las víctimas directas o de sus familiares, constituyen  una fuente imprescindible para muchos países dónde por desgracia no se han preservado o encontrado los archivos testimonio de la represión. Caso de Argentina, donde apenas han sido localizados o entregados, siendo uno de ellos el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincial de Buenos Aires (DIPBA). Un país, Argentina, que va descubriendo en los propios juicios que se siguen contra los represores, y a través de los datos aportados por los fiscales, que existen registros documentales de todos los secuestrados, así como de las declaraciones bajo tortura.

La identidad de los pueblos se conforma en buena medida por su memoria. Una falsa identidad, aunque se vista de pulcritud, solo lleva a una estructura débil y senil, sin esperanza de futuro y amenazada  por su propia fragilidad, como si de un castillo de naipes se tratara.

Junto a estos archivos de represión, ven la luz otro tipo de archivos. Son los producidos por las víctimas, testigos transcendentales también en la construcción de nuestra identidad. Por ello  debemos celebrar, la reciente aparición de nuevos centros, como el Archivo Imre Kertész, creado por la Academia de las Artes de Berlín, con los manuscritos del Premio Nobel. Sin duda su obra, legado de una vida relacionada profundamente con el Holocausto y su paso por los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald, nos enseñará a pensar el último siglo y a decidir cómo queremos que sea este. 

Un lugar de tortura convertido en lugar de memoria en Chile. / MARÍA JOSÉ TURRIÓN