Especial 40 años del Golpe de Estado en Chile
Una tímida petición de perdón del presidente Piñera tensa la política chilena
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| Tropas chilenas bombardean el Palacio de la Moneda, donde se refugia el presidente Salvador Allende durante el golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet/elpais.com |
El 40 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet
ha exaltado las distintas miradas históricas que persisten dentro de la
derecha chilena, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, y la
oposición de centroizquierda liderada por la expresidenta socialista
Michelle Bachelet. El pasado lunes, ambos bloques conmemoraron en actos por separado
el 11 de septiembre de 1973, día en que el presidente constitucional
Salvador Allende murió tras el bombardeo de aviones del palacio de La
Moneda por parte de la Fuerza Aérea chilena.
Pero en la ceremonia organizada por el Gobierno, Piñera fue el único orador del evento que también puso en evidencia un quiebre menos obvio: el de la propia derecha frente a los 17 años de dictadura militar.
En su discurso, el presidente reiteró los cuestionamientos que la semana anterior hizo al poder judicial y a los medios de comunicación, “que se limitaron a entregar la versión oficial de los hechos”. Piñera reconoció también la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 —hubo 3.214 ejecutados políticos, de ellos 1.000 permanecen desaparecidos—, pero no pronunció la palabra “dictadura” para referirse el mandato de Pinochet ni tampoco el concepto “cómplices pasivos”, con que días antes había molestado a una parte de la derecha.
Según informó el diario La Tercera, los presidentes de los dos partidos del bloque Renovación Nacional (RN), en el que Piñera milita, y la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron una protesta formal ante el Gobierno, argumentando que el concepto “cómplices pasivos” incomodaba y era injusto.
“Los cuarenta años del golpe han puesto de manifiesto, por enésima vez, el problema fundamental del Chile contemporáneo: una modernización acelerada que se ejecutó con una violación, igualmente acelerada e intensa, de los derechos humanos.
Esa es la tensión fundamental que entrecruza hoy la cultura pública en Chile”, asegura Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales, uno de los más agudos líderes de opinión del país. “Hasta hace poco, la derecha solía hacer una suerte de balance, en el que los reconocimientos de la obra modernizadora, por llamarla así, morigeraban lo que hasta hace poco se llamaron excesos en materia de derechos humanos”. Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea sobre la percepción del golpe de Estado publicada la semana pasada, un 76% de los chilenos considera hoy a Pinochet como “un dictador” y un 75% estima que aún “se mantienen las huellas dejadas por el régimen militar”.
Abogado y doctor en Filosofía, Carlos Peña cree que el panorama político ha cambiado aún más por estos días. “El gesto fundamental lo ejecutó el presidente Piñera quien puso de relieve las responsabilidades de la prensa y de los jueces en las violaciones a los derechos humanos. El empleo de ese concepto es una verdadera condena a la actitud general que mantuvo la derecha, en especial la UDI, durante la dictadura y bastante avanzada la transición”, señala Peña, para quien ahora queda por ver cómo esto influirá en la candidatura presidencial de la nueva líder de la derecha, Evelyn Matthei.
Hija de un general de la Fuerza Aérea, Matthei tiene un 12% de intención de voto frente a un 44% de Bachelet y su coalición de centroizquierda, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. “Después de las palabras del presidente”, dice Peña, Matthei “quedó puesta a la derecha de él, en una posición obviamente incómoda: entre la derecha postdictadura de Piñera y los true believers como Moreira”, refiriéndose a un diputado del ala más radical de la UDI, exfuncionario del régimen pinochetista, que la semana pasada aseguró que la derecha no debía disculparse por las violaciones a los derechos humanos.
En el lado opuesto, el senador de la UDI Hernán Larraín fue la figura más importante del partido que —a título personal— pidió “perdón por lo que haya hecho o por omitir lo que debía hacer”, generando críticas entre sus correligionarios más radicales. Larraín, un antiguo miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad —comunidad alemana ubicada en sur del país que sirvió como centro de detención y tortura durante la dictadura—, reconoce que la dictadura aún divide a su sector, pero recalca que hoy sucede lo mismo en el interior de la izquierda. “Hay diferencias de aproximación al tema entre Camilo Escalona [senador socialista, que la semana pasada pidió perdón por los excesos que pudo haber cometido antes del golpe de Estado] y el expresidente Ricardo Lagos. Este no es solo un problema dentro la centroderecha”, señala Larraín a EL PAÍS.
Antes del inicio del acto de la izquierda de conmemoración del golpe, Lagos dijo que hace falta tener un diagnóstico común sobre lo ocurrido y, además, una carta constitucional de consenso para “cerrar bien las heridas”. La Constitución vigente en Chile es la dictada por Pinochet en 1980.
A 66 días de las próximas presidenciales, el debate sobre el cambio constitucional —en el que se cita como ejemplo el proceso constituyente español que dio origen a la Carta de 1978— será el gran desafío que el próximo gobierno deberá afrontar a contar de marzo próximo. Promesa fundamental en la campaña Bachelet, la nueva Constitución prometida por la expresidenta enfrentará en, en el caso de ganar, primero la oposición de la derecha, que solo se ha mostrado dispuesta a discutir reformas puntuales. Pero también deberá sortear las distintas visiones que existen dentro de su propia coalición, donde cohabitan desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.
Pero en la ceremonia organizada por el Gobierno, Piñera fue el único orador del evento que también puso en evidencia un quiebre menos obvio: el de la propia derecha frente a los 17 años de dictadura militar.
En su discurso, el presidente reiteró los cuestionamientos que la semana anterior hizo al poder judicial y a los medios de comunicación, “que se limitaron a entregar la versión oficial de los hechos”. Piñera reconoció también la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 —hubo 3.214 ejecutados políticos, de ellos 1.000 permanecen desaparecidos—, pero no pronunció la palabra “dictadura” para referirse el mandato de Pinochet ni tampoco el concepto “cómplices pasivos”, con que días antes había molestado a una parte de la derecha.
Según informó el diario La Tercera, los presidentes de los dos partidos del bloque Renovación Nacional (RN), en el que Piñera milita, y la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron una protesta formal ante el Gobierno, argumentando que el concepto “cómplices pasivos” incomodaba y era injusto.
“Los cuarenta años del golpe han puesto de manifiesto, por enésima vez, el problema fundamental del Chile contemporáneo: una modernización acelerada que se ejecutó con una violación, igualmente acelerada e intensa, de los derechos humanos.
Esa es la tensión fundamental que entrecruza hoy la cultura pública en Chile”, asegura Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales, uno de los más agudos líderes de opinión del país. “Hasta hace poco, la derecha solía hacer una suerte de balance, en el que los reconocimientos de la obra modernizadora, por llamarla así, morigeraban lo que hasta hace poco se llamaron excesos en materia de derechos humanos”. Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea sobre la percepción del golpe de Estado publicada la semana pasada, un 76% de los chilenos considera hoy a Pinochet como “un dictador” y un 75% estima que aún “se mantienen las huellas dejadas por el régimen militar”.
Abogado y doctor en Filosofía, Carlos Peña cree que el panorama político ha cambiado aún más por estos días. “El gesto fundamental lo ejecutó el presidente Piñera quien puso de relieve las responsabilidades de la prensa y de los jueces en las violaciones a los derechos humanos. El empleo de ese concepto es una verdadera condena a la actitud general que mantuvo la derecha, en especial la UDI, durante la dictadura y bastante avanzada la transición”, señala Peña, para quien ahora queda por ver cómo esto influirá en la candidatura presidencial de la nueva líder de la derecha, Evelyn Matthei.
Hija de un general de la Fuerza Aérea, Matthei tiene un 12% de intención de voto frente a un 44% de Bachelet y su coalición de centroizquierda, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. “Después de las palabras del presidente”, dice Peña, Matthei “quedó puesta a la derecha de él, en una posición obviamente incómoda: entre la derecha postdictadura de Piñera y los true believers como Moreira”, refiriéndose a un diputado del ala más radical de la UDI, exfuncionario del régimen pinochetista, que la semana pasada aseguró que la derecha no debía disculparse por las violaciones a los derechos humanos.
En el lado opuesto, el senador de la UDI Hernán Larraín fue la figura más importante del partido que —a título personal— pidió “perdón por lo que haya hecho o por omitir lo que debía hacer”, generando críticas entre sus correligionarios más radicales. Larraín, un antiguo miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad —comunidad alemana ubicada en sur del país que sirvió como centro de detención y tortura durante la dictadura—, reconoce que la dictadura aún divide a su sector, pero recalca que hoy sucede lo mismo en el interior de la izquierda. “Hay diferencias de aproximación al tema entre Camilo Escalona [senador socialista, que la semana pasada pidió perdón por los excesos que pudo haber cometido antes del golpe de Estado] y el expresidente Ricardo Lagos. Este no es solo un problema dentro la centroderecha”, señala Larraín a EL PAÍS.
Antes del inicio del acto de la izquierda de conmemoración del golpe, Lagos dijo que hace falta tener un diagnóstico común sobre lo ocurrido y, además, una carta constitucional de consenso para “cerrar bien las heridas”. La Constitución vigente en Chile es la dictada por Pinochet en 1980.
A 66 días de las próximas presidenciales, el debate sobre el cambio constitucional —en el que se cita como ejemplo el proceso constituyente español que dio origen a la Carta de 1978— será el gran desafío que el próximo gobierno deberá afrontar a contar de marzo próximo. Promesa fundamental en la campaña Bachelet, la nueva Constitución prometida por la expresidenta enfrentará en, en el caso de ganar, primero la oposición de la derecha, que solo se ha mostrado dispuesta a discutir reformas puntuales. Pero también deberá sortear las distintas visiones que existen dentro de su propia coalición, donde cohabitan desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.
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